¿Os acordáis de la web TodoTorrente? En julio de 2007 fue cerrada en una operación antipiratería y sus administradores fueron detenidos bajo la acusación de causar perjuicios por más de 535.000 euros en violación de derechos de autor.

Ahora el juzgado de Instrucción nº 3 de Orihuela ha dictado auto de sobreseímiento provisional, archivando la causa seguida contra TodoTorrente al considerar que “no resulta debidamente justificada la perpetración del delito” (…) “toda vez que de la investigación llevada a cavo muestran que las páginas web se limitan a facilitar la dirección donde se puede descargar la obra, sin alojar archivos, ni realizar directamente la descarga”.

Por mucho que le moleste a la Federación Antipiratería, que es el lobby que impulsó la denuncia contra TodoTorrente, en España sólo se puede hablar de piratería cuando se da la concurrencia de varias circunstancias que no suelen darse en un tracker de torrents. A saber, que el archivo sea de uno mismo, que lo facilite físicamente desde su servidor y que exista un interés lucrativo de por medio.

Los torrents son legales en España. Al igual que facilitar enlaces de eMule, como ya indicó la Audiencia de Madrid sobre el P2P en la sentencia sobre el caso Sharemula.

El problema que tienen las entidades españolas de gestión de derechos de autor es que lo que piden no está reconocido por la ley, a pesar de que la publicidad mediática que se da a las redadas antipiratería haya hecho pensar a mucha gente lo contrario. Una vez se pasa del furor policial a la imparcialidad de la Justicia, la mayoría de los sospechosos acaban en la calle, sencillamente porque no cometían ningún delito.

Vía: David Bravo