Estatua de uno de los leones del Congreso de los Diputados

La reforma del Código Penal en materia de terrorismo que se aprobó ayer en el  Congreso tiene gran repercusión en lo que se refiere a Internet. Sobre todo porque permite igualar, claro que siempre bajo interpretación de los jueces, el concepto de delito informático con el de terrorismo.

En concreto se hace modificando el artículo 573, que amplia la definición de terrorismo para que puedan ser considerados como tal más supuestos. Tal y como resalta el texto aprobado:

2. Se considerarán igualmente delitos de terrorismo los delitos informáticos tipificados en los artículos 197 bis a 197 ter y 264 a 264 quáter cuando los hechos se cometan con alguna de las finalidades a las que se refiere el apartado anterior.

¿Y a qué se refiere el apartado anterior como terrorismo?

Pues según esta reforma del Código Penal el terrorismo queda redefinido de acuerdo a los siguientes términos tal y como indica:

1. Se considerará delito de terrorismo la comisión de cualquier delito grave contra la vida o la integridad física, la libertad, la integridad moral, la libertad e indemnidad sexuales, el patrimonio, los recursos naturales o el medio ambiente, la salud pública, de riesgo catastrófico, incendio, contra la Corona, atentado, desórdenes públicos, tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones y explosivos, previstos en el presente Código, y el apoderamiento de aeronaves, buques u otros medios de transporte colectivo o de mercancías, cuando se llevara a cabo con cualquiera de las siguientes finalidades:

1.ª) Subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo.
2.ª) Alterar gravemente la paz pública.
3.ª) Desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional.
4.ª) Provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella.

¿Qué implica?

La definición de terrorismo pasa a ser bastante más amplia, pudiendo ser considerados como tal los desórdenes públicos o los delitos informáticos. Significa que un delito perpetrado por un individuo puede ser considerado como terrorismo si como finalidad tiene alguno de los supuestos anteriores.

Es decir, que dado que los desórdenes públicos pasan a ser considerados como actos terroristas, participar en la convocatoria o promover telemáticamente una protesta social que derive por causas ajenas a los convocantes en disturbios, puede ser considerado un acto terrorista. Si el propósito es el de subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública, también.

¿Y qué es gravemente? Pues esto ya es a criterio de la Justicia. Un ciberataque, una manifestación espontánea o la revelación de secretos oficiales pueden ser tenidos en cuenta como terrorismo siempre y cuando un juez considere que el resultado de tales acciones implica una alteración grave del orden y/o las estructuras públicas.

Esta no es la primera de las leyes aprobadas en el Congreso en materia de legislación de la web aprobadas en los últimos meses. La LPI también ha sido protagonista en este tiempo, y más porque no está tan claro que no contravenga leyes de rango superior en la materia como las de la Unión Europea. Habrá que ver el camino que sigue esta reforma del Código Penal y si nos encontramos con algún conflicto entre códigos de leyes.

Los 4 puntos con los que la Unión Europea podría tumbar la LPI

El (más aún) polémico apartado 2 del artículo 575

Dicho artículo es uno de los más controvertidos, puesto que en él se especifica lo siguiente:

Se entenderá que comete este delito quien, con tal finalidad, acceda de manera habitual a uno o varios servicios de comunicación accesibles al público en línea o contenidos accesibles a través de internet o de un servicio de comunicaciones electrónicas cuyos contenidos estén dirigidos o resulten idóneos para incitar a la incorporación a una organización o grupo terrorista, o a colaborar con cualquiera de ellos o en sus fines.

Y es controvertido porque se introduce el concepto habitualidad, lo que quiere decir que si se visitan sitios web de forma habitual que sean de perfil terrorista (del nuevo perfil terrorista, entendemos), se puede pasar a estar en el punto de mira. En sí mismo no supone una diferencia respecto a la situación anterior a la aprobación del texto, salvo que ahora se tiene base jurídica sólida para ir contra quien los visite (un matiz importante).

Así pues supone un peligro también para aquellos periodistas o investigadores que trabajen sobre estos contenidos o filtraciones, dado que pueden llegar a ser considerados como parte de este grupo.

Algunas de las enmiendas presentadas a la aprobación de la reforma, han hecho hincapié en aquellos artículos en los que el delito informático aumenta de grado, así como otras acciones que pasan a estar tipificadas en el Código Penal. Sin ir más lejos, la simple observación de propaganda de corte terrorista se podría interpretar como un intento de capacitación para la comisión de delitos con este perfil, considerándose autoadiestramiento.

En ellas se sugiere que algunos apartados del texto están inspirados en las leyes estadounidenses que tienen por fin adaptar la regulación en materia de terrorismo a las nuevas formas de terrorismo de tipo yihadista.

El texto ha sido aprobado con los votos a favor de los grupos parlamentarios de Partido Popular, FORO Asturias, Unión del Pueblo Navarro, Partido Socialista y Coalición Canaria.

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